Textos y claves…
Miguel Ángel Arrieta
El vacío de institucionalidad al que no ha querido poner atención el gobierno federal, bajo el argumento de que deben romperse de lleno las prácticas aplicadas para disciplinar el poder en el periodo prianista, es el factor que da paso a choques de poderes con saldo trágico como el caso Veracruz.
La matanza de 28 personas ocurrida en Coatzacoalcos, contiene evidentes rastros del saldo negativo derivado de la ausencia de voluntad entre gobernantes para entender que su interés primario coincide en la responsabilidad de proteger a la sociedad para la que trabajan, sin importar diferencias ideológicas o políticas.
Aunque informativamente tuvo más interés mediático la acusación del Gobernador de Veracruz Cuitlahuac García Jiménez, para colocar en el banquillo de los acusados al Fiscal General de esa entidad, Jorge Winckler, en realidad el hecho que debe entrar en los espacios de análisis público y oficial es el alcance del desentendimiento que prevalece entre las cabezas de dos instituciones de gobierno que supuestamente deben mantener una coordinación molecular para enfrentar al crimen organizado.
En este contexto, el impacto rojo de la descoordinación oficial que prevalece en numerosas regiones de la República por la impericia para entender la nueva interrelación de poderes, -PRI-PAN-MORENA-PRD-, detonó en el terreno de la inseguridad, pero igual se observó en el conflicto nacional por la distribución del fertilizante, la retención de presupuestos destinados a fomentar obra pública y la nula respuesta al desabasto de medicamentos en instituciones de salud.
Y todo comenzó con el abucheo a gobernadores en actos donde acompañaban al presidente López Obrador, organizado por funcionarios de Morena.
En Veracruz, el Gobernador Cuitláhuac García declaró que la alta incidencia delictiva en la entidad, sobre todo en materia de feminicidios y secuestros, se debía a que el fiscal Jorge Winckler Ortiz no ha investigado los casos y los perpetradores siguen sueltos. A su vez, el Fiscal exhibe documentos donde deja sin sustento las afirmaciones del mandatario y mientras las acusaciones mutuas se encienden las bandas delincuenciales amplían su radio de control.
¿Qué pasaría en Guerrero si el gobernador Héctor Astudillo informara un día que la incidencia delictiva aumenta desproporcionadamente y la persecución de delincuentes es un fracaso debido a la irresponsabilidad del Fiscal Jorge Zuriel de los Santos?; Y el Fiscal respondiera diciendo que el mandatario miente.
Obviamente, en el gabinete federal de seguridad uno de los puntos que llama la atención es que entidades como Guerrero que guardan escenarios de pobreza y rezago social ancestrales, son estados en los que la incidencia delictiva va a la baja, y paradójicamente entre las entidades con mayor crecimiento de atentados, secuestros, trasiego de enervantes y extorsión están aquellos que además de tener mejor desarrollo económico exhiben desencuentros institucionales.
En Guerrero, aducen funcionarios federales de seguridad, el funcionamiento de las policías articuladas con las fuerzas armadas, -Marina y Sedena-, se sustenta en el enfoque institucional coordinado por la Fiscalía General del Estado; de ahí que se obtengan avances presumibles en casos como la detención de Santiago Mazari Hernández, "El Carrete"; o Zenen N, "El chaparro", líder del grupo criminal Los Rojos en Guerrero.
Santiago Mazari Hernández, 'El Carrete', es el principal enemigo del grupo de Guerreros Unidos, y también es mencionado en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, como la persona que supuestamente envió a los estudiantes a Iguala, por lo que la trascendencia de esta detención no ha tocado fondo.
Al final de cuentas, el gobierno federal debe tomar la iniciativa de alimentar la institucionalidad antes de que se reproduzca el caso Coatzacoalcos en otros puntos del país. Después de todo, la base que repele el entendimiento entre funcionarios de los tres niveles de gobierno pertenecientes a diferentes partidos, es el temor de ciertos actores a la pérdida de poder y capacidad administrativa.
En el fondo, la articulación institucional va de la mano con la gobernabilidad; ambas constituyen ramificaciones que se retroalimentan con vinculaciones sociales, políticas y culturales. De ahí que quienes se circunscriben a administrar el poder con una visión partidista no entienden el tamaño del lastre que le cuelgan al país, a los estados y a sus municipios.
