Adela y el expediente del Fiscal Zuriel
Miguel Ángel Arrieta
Aunque ha atraído la mirada de la opinión pública con los nombramientos de quienes integrarán su equipo de trabajo y los primeros ajustes al desproporcionado aparato burocrático que recibe, la alcaldesa Adela Román Ocampo no debe menospreciar que el problema número uno de Acapulco es la inseguridad a la que su antecesor trató con omisa complicidad, a pesar de tener información de que mandos de la policía municipal formaban parte de redes delincuenciales.
El riesgo de toda transición gubernamental aborda la posibilidad de generar cortinas de humo a través de las que se diluye la magnitud de irresponsabilidades ejercidas por funcionarios salientes.
Evodio Velázquez no pasa por alto esta circunstancia y por lo pronto dejó su residencia en Acapulco para moverse entre Ciudad de México y Chilpancingo.
El dato central del actual cambio de gobierno acapulqueño es que la Secretaría de Seguridad Pública local, más allá de ser parte cualitativa de la inseguridad debilitó como nunca antes la personalidad institucional del poder municipal y en consecuencia obstruye la función de proveer protección pública a los ciudadanos.
De ahí que Adela Román deba iniciar ya la revisión del expediente judicial que le fue enviado por el Fiscal General del Estado, Jorge Zuriel de los Santos Barila, -del cual tienen copia la Sedena, Secretaría de Marina, Policía Federal y Seguridad Pública estatal-, en el que se establecen argumentación e indagaciones seguidas por la FGE para definir lo que sucedió realmente al interior de la policía municipal de Acapulco durante los últimos doce meses.
La investigación coordinada por el Fiscal estatal deja en claro que las razones del fracaso de Evodio Velázquez en materia de seguridad son diversas pero tienen un mismo origen: encubrimiento oficial a la infiltración del crimen organizado en la Secretaría de Seguridad Pública municipal.
En octubre del 2017, funcionarios de Gobernación federal notificaron a un grupo de alcaldes de ciudades con elevada incidencia delictiva, entre ellas Acapulco, sobre la importante información que aportaban a las investigaciones de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala la noche del 26 de septiembre del 2014, los diálogos telefónicos celebrados entre jefes del cartel de los Guerreros Unidos.
Estas conversaciones fueron localizadas y procesadas por la DEA, la agencia norteamericana contra el tráfico de drogas, y entregadas al gobierno mexicano. Pero la intención de notificarles a los alcaldes de semejante hallazgo fue motivarlos a comprender la profundidad a la que llegaban actualmente los recursos tecnológicos para seguir las pistas al crimen organizado, y a sus protectores.
Por lo pronto, en Acapulco se desdeñó la advertencia y todo permaneció inalterable.
La Fiscalía guerrerense y la Marina comenzaron a cruzar información. Las pistas iniciales terminaban en Luis Fernando "N" alias "El Fénix" y Bryan Antonio "N" alias "El Brayan", quienes se desempeñaban como mandos operativos de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco bajo el mando de Evodio Velázquez.
Ambos funcionarios enfrentaban denuncias por el delito de homicidio calificado y el pasado martes 25 de septiembre, agentes de la policía ministerial de la Fiscalía General del Estado, elementos de la Marina Armada de México, policía Estatal y el Ejército mexicano, realizaron un operativo de intervención a la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco, en la que detuvieron a El Brayan y El Fénix.
En la información que permanece aún sin revisar sobre el escritorio de la alcaldesa Román Ocampo, se destaca que el alcalde ya tenía conocimiento de las ligas de los dos detenidos con el Cartel Independiente de Acapulco, y también se le había informado oficialmente que su secretario de Seguridad Pública Max Lorenzo Sedano Romano, había reprobado los exámenes de Control y Confianza en dos ocasiones.
El pasado lunes, el Fiscal Zujriel de los Santos informó que El Fénix y El Brayan recibieron auto de formal prisión bajo la causa penal 14/2018 - II.
A poco más de una semana de permanecer intervenida la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco por un operativo conjunto federación-estado, la jurista Adela Román no ha definido un proceso legal para dar seguimiento al caso y las referencias a los hechos se limitan a simples declaraciones mediáticas.
Al final de cuentas, se aprecian indicios de que el nuevo gobierno municipal no asimila que su rendimiento será calificado por el tema de la inseguridad, no por una austeridad disimulada o por reacomodos burocráticos.
Adela Román dispone de un margen de credibilidad sujeto a la marea de la inseguridad: cuando el crimen apriete, se vendrá abajo su expectativa.
