Textos y claves…
Miguel Ángel Arrieta
Relata Jesús Blancornelas (1944-2012), en una de sus "Conversaciones Privadas", que en cierta ocasión siendo Procurador General de Justicia Jorge Carpizo McGregor, le preguntó al mítico periodista si su vida estaba en riesgo al mantener una lucha abierta desde el cargo que ocupaba contra el Cártel de Tijuana. Particularmente contra Ramón y Benjamín Arellano Félix.
Reunidos en el despacho central de la PGJ, en el que imperaba el olor a cuero de dos agradables sillones, el director de Z despejó el nerviosismo del entonces fiscal de la nación: -si no ha recibido dinero de los delincuentes no tiene porque temer. Los Arellano van contra quien negocia con ellos y les falla, es una regla no escrita en el código de los criminales.
Dos décadas después, -2013-, un informe de inteligencia federal indicaba que a raíz de la intensificación de la guerra contra el crimen organizada iniciada por Felipe Calderón y continuada por Enrique Peña Nieto, a la referencia de Blancornelas se había agregado la certeza de que los cárteles también ponían en la mira a quienes se negaban a negociar con el crimen.
Funcionarios de los tres niveles de gobierno entraron en el abanico operativo de la delincuencia ante la disyuntiva crucial: - nos ayudas o te despides para siempre de tu familia. Las corporaciones municipales ocuparon atención central en este trato y terminaron al servicio de los cárteles.
De ahí la existencia de territorios libres por los que se desplazan los criminales.
El sábado 30 de marzo, dos jóvenes llegaron al sitio de taxis que brindan servicio conurbado en Acapulco desde Las Cruces. Acudieron al lugar para recoger el pago de cuota o derecho de piso establecido a los trabajadores del volante. Uno de los transportistas les entregó cuatro mil 300 pesos y después de recibir el efectivo caminaron con tranquilidad hacia un taxi de la zona suburbana tipo Volskwagen color blanco y rojo.
En el vehículo los esperaban otros dos sujetos. Un día antes, tres de ellos llegaron al sitio de taxis y agredieron pistola en mano a dos conductores. Después de golpearlos les advirtieron que regresarían al día siguiente por el dinero, lo que cumplieron puntualmente.
Nunca imaginaron que una llamada anónima activó un operativo de la Policía Ministerial del estado. Los cuatro sujetos se subieron al vehículo y se desplazaron rumbo a La Cima. Pero antes de llegar a la curva de la Tolva los ministeriales les marcaron el alto. Desde el automóvil los delincuentes dispararon con armas de fuego. Los agentes de la Fiscalía contratacaron. Los cuatro perseguidos resultaron muertos.
Taxistas que pasaban por el lugar de los hechos los identificaron. Ya tenían semanas operando y ya habían sido denunciados, pero a la policía municipal.
Los temores de reportar ante la autoridad hechos delictivos prevalece. El registro de antecedentes relacionados con personal policiaco y ministerios públicos que pasan información a los delincuentes, no se ha erradicado del todo.
De ahí que el modelo de investigación criminal se haya modificado gradualmente. La valoración de atentados contra ciudadanos motivó al equipo de la Fiscalía guerrerense a flexibilizar los protocolos operativos. El cruce de datos con fuerzas federales y la utilización de tecnología avanzada acotan la filtración de información a los cárteles.
El martes pasado, la policía Ministerial detectó la ubicación de Tomas "N", señalado como segundo al mando de José Ángel Galeana Palacios "El Capuchino", jefe de plaza de Acapulco. El seguimiento inició en base a una serie de reportes ciudadanos que retrataban un patrón del terreno por el que se desplazaba el delincuente.
El expediente de Tomás N explica que el detenido se dedicaba al cobro de extorsión a comercios establecidos, unidades del servicio público y mercados, coordinaba los bloqueos sobre la avenida Costera Miguel Alemán y Centro Regional de Readaptación Social de Acapulco, y también se investiga su probable participación con otros delitos como el secuestro y homicidios.
La información sobre la muerte de los extorsionadores y la detención de Tomás N, son para la sociedad simples notas periodísticas si no se les explica. Tal vez su interés primario radica en que se desprenden de espacios de análisis e inteligencia que la Fiscalía había extraviado, o bien prefirió guardarlos con perversas intenciones.
Después de todo, el grado de control que alcanzó la delincuencia como estructura de poder no se entiende hoy sin el papel activo protector de corporaciones e instituciones policiales.
En este sentido, el Fiscal Zuriel de los Santos se ubica como un Fiscal incómodo para la delincuencia organizada. El principal problema de los jefes criminales en encontrarse con alguien que rechaza negociar con ellos.
Los hace perder batallas.
