Miguel Ángel Arrieta
Independientemente de los vacíos administrativos y políticos detectados entre un gobierno que se fue y otro que llega, en materia de seguridad pública la administración federal entrante y el gobierno estatal optaron por dejar de lado la parafernalia de la transición para lanzar mensajes clave de lo que viene en la guerra contra la delincuencia: la persecución no va solo contra líderes y organizaciones criminales, el objetivo se amplió para mermar la estructura real de los carteles debilitando sus finanzas.
Preocupados por la serie de reacomodos políticos derivados de la instalación de un nuevo escenario de poder en el país, a muchos les pasó por alto el dato del operativo policiaco-militar encabezado por el Fiscal Jorge Zuriel de los Santos el martes pasado en el área del mercado central de Acapulco.
Al mediodía un cuerpo de poco más de doscientos elementos integrado por elementos de la Marina Armada de México, agentes federales, estatales, policías municipales y ministeriales, cercaron el perímetro entra avenida Constituyentes, Diego Hurtado de Mendoza, Ejido, calle Dos de agosto, Cuauhtémoc y calle Durango.
El sitio policial en esa demarcación no fue casual. Los efectivos llevaban indicaciones contundentes de incursionar en una zona urbana controlada por el Cartel Independiente de Acapulco, CIDA), perteneciente al grupo de José Ángel Palacios El Capuchino.
El operativo arrojó resultados redituables para la fuerza conjunta: decomisaron 54 máquinas tragamonedas y detuvieron a cinco operadores de dicha organización criminal.
En este contexto, las acciones no fueron circunstanciales y mucho menos gratuitas; se trata de enviar un mensaje de que la persecución de factores que atentan contra las normas sociales y marco jurídico nacional, deja de limitarse a una cruzada abierta para desmembrar organizaciones por medio de la captura de sus líderes.
Ahora la estrategia se enfoca a algo tan simple que aún no se encuentra explicación sobre porque desde hace años las autoridades federales no habían atendido: el desmantelamiento de las fuentes de financiación del crimen organizado.
En realidad, la clave de la desproporcionada violencia registrada en Acapulco, Zihuatanejo, Taxco de Alarcón y municipios de Tierra Caliente, no tiene su detonante central en la comercialización de enervantes.
De acuerdo a datos del ex Grupo de Coordinación Guerrero, la entidad guerrerense es uno de los estados que registran menor consumo de opiáceos en la República Mexicana, aquí lo que genera la guerra por el control de las plazas son los intereses para controlar la extorsión, el cobro de piso, los secuestros, el lavado de dinero y las rutas de trasiego.
La acción del martes pasado en el mercado central de Acapulco para retirar maquinitas electrónicas y comenzar el retiro de puestos dedicados a la venta de artículos pirata, supone la reorientación de objetivos para desactivar las fuentes de financiamiento del crimen organizado.
El funcionamiento de las maquinas instaladas tan solo en el área del mercado central representa un ingreso de aproximadamente tres millones de pesos quincenales a las cuentas de los grupos delictivos.
Otro de los puntos sensibles que reditúan ganancias del orden de los diez millones de pesos mensuales es el cobro de piso a cientos de comerciantes irregulares instalados en pasillos y alrededor de todos los mercados del municipio, y en las principales calles del puerto.
Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda de México, considera que la esencia de este problema radica en que la guerra contra las drogas lleva más de una década y las organizaciones y líderes de la delincuencia lejos de disminuir se han multiplicado.
De hecho, lejos de registrar afectación en sus estructuras el flujo de ganancias del crimen se ha incrementado en un 400 por ciento, por lo que el anuncio del nuevo gobierno federal y la Fiscalía de Guerrero en el sentido de que congelarán más cuentas e incautarán un mayor volumen de bienes y objetos de valor mal habidos, incluye el desmantelamiento de la economía hormiga que sostiene a los carteles locales y regionales.
En teoría, la mejor estrategia contra el crimen organizado en el espectro internacional se sustenta en un cruce de líneas de incautación con acciones territoriales para desactivas las fuentes de financiamiento de los cárteles en Sudamérica, Europa, Asia y Norteamérica.
La lógica delincuencial implica que si descabezas una organización surgen de inmediato tres nuevos líderes, pero ¿Qué pasaría si lo que pierden son sus fuentes de financiamiento?
