Miguel Ángel Arrieta
Para lo que pensaban que la gravedad por la que transita la seguridad pública en Acapulco, obligaría al gobierno municipal a ser escrupuloso en la designación del nuevo secretario del ramo, la desilusión vino más pronto de lo esperado: el Cabildo aprobó el nombramiento de un joven de 43 años, sin título profesional, carente de experiencia en prevención del delito y al que ni siquiera se sometió al filtro de la oficina del próximo Secretario de Seguridad Pública federal, Alfonso Durazo.
Lo que se suponía sería una decisión que rompería las desgastadas formas de ejercer el poder y establecería un punto de partida entre el antes y después, terminó en la selección de un agente de la policía Federal cuyo curriculum ni siquiera se hizo llegar a los regidores, y revirtió de golpe las intenciones de emprender una seguridad pública socializada.
Si se interpreta políticamente la designación de Geovanni Raúl Mejía Olguín en Seguridad Pública municipal, el mecanismo de selección aplicado contiene un mensaje inquietante; el gobierno municipal de Adela Román será una repetición del gobierno municipal de Evodio Velázquez, con ciertas variantes personales pero con las mismas definiciones de poder.
El primer secretario de Seguridad Pública nombrado por Evodio Velázquez no aprobó los exámenes de confianza federales y aun así el entonces alcalde lo mantuvo en el cargo, por lo que cuando al finalizar la administración anterior se detectó que las corporaciones locales estaban infiltradas por el crimen organizado, no fue sino consecuencia del trato superfluo otorgado por Evodio a este tema.
El método de desahogar el nombramiento en una sesión extraordinaria de Cabildo a puerta cerrada, sin acceso a los medios de comunicación, es un ejercicio orgánico natural de la administración, por lo tanto no es criticable. El problema es que en un marco de circunstancias en el que el ayuntamiento no ha podido anotar un solo punto en su lucha contra la delincuencia, y la sociedad ha tomado las calles para exigir termine la inutilidad de las autoridades, el nombramiento merecía ser procesado en espacios públicos de puertas abiertas.
Después de todo, no han sido los regidores o síndicos quienes marcharon y condenaron públicamente al crimen organizado por los asesinatos de la doctora Reina Valenzo y la joven Itzel Vega, ni por la serie de feminicidios y desapariciones de mujeres en este puerto.
Por lo menos, ciertos sectores ciudadanos lastimados profundamente por asesinatos, secuestros y extorsión, merecían tener un representante en el escenario donde se tomó la decisión de elegir a Geovanni Mejía como nuevo titular de la SSP.
Al final de cuentas, socializar la seguridad no es simplemente convocar a la población a través de declaraciones mediáticas para que participe en acciones de vigilancia ciudadana: el eje conceptual de esta propuesta implica abrir las instituciones a la participación ciudadana y brindar una respuesta inmediata que genere confianza.
Lo que no han entendido la alcaldesa y los regidores, con excepción de la regidora que votó en contra (PSM) y la que se abstuvo de votar (PT), es que desde el momento en que la delincuencia infiltró el control de las estructuras policiales municipales, como ocurre en Acapulco, la seguridad dejó de ser asunto de exclusividad oficial.
En gobiernos anteriores, la novatez resultaba útil como argumento justificador de errores iniciales en una administración municipal. La realidad actual desecha ese recurso en automático. Ninguna autoridad puede alegar desconocimiento sobre la dimensión del problema de la inseguridad, sobre todo cuando ejecutan a escasos metros de la casa del presidente municipal a un reconocido empresario.
En el fondo, si Adela Román no asimila que el nombramiento del secretario de Seguridad Pública no puede derivarse de cartas de recomendación o de un certificado de preparatoria, solo confirma que el cargo de alcaldesa lo obtuvo por un golpe de fortuna y no en base a una propuesta de renovación política y administrativa.
