Miguel Ángel Arrieta
Tlatzala, municipio de Apaxtla de Castrejón.- Las recientes revelaciones de los habitantes de esta comunidad localizada en la serranía limítrofe con la presa El Caracol, exhiben que una vez más la industria minera no se conforma con la explotación del subsuelo guerrerense: al igual que siempre se apegan a su propio protocolo para pisotear derechos de ejidatarios y utilizar vacíos legales como escudo contra el reclamo social.
El viernes pasado, ejecutivos de la minera Capela del Grupo Peñoles perteneciente a Alberto Bailleres, uno de los diez mexicanos multimillonarios de acuerdo a la lista de Forbes, presumieron ante el Gobernador Héctor Astudillo en Tehuixtla, municipio de Teloloapan, el inicio de la construcción de la planta concentradora de donde se sustraerá plomo, zinc y cobre.
El problema es que en su explicación técnica y financiera, los representantes de Peñoles no informaron que enfrentan un conflicto con los tlatzalenses que tiene paralizada la construcción de la subestación eléctrica de la que se proyecta alimentar el complejo extractor de minerales.
El asunto no es para menos, durante los últimos dos años Peñoles S.A de C.V, ha movido todas sus influencias y utilizado todos los recursos para manipular a su favor las negociaciones desarrolladas con los habitantes de Tlatzala, para cubrir los daños ecológicos y sociales derivados de la construcción de la planta de energía.
Por lo pronto, los representantes legales de Peñoles han desdeñado la exigencia de participar en los encuentros con integrantes del Comité de Obras de dicha población, y designaron como intermediarios a funcionarios de la empresa constructora Vilsa, contratada para edificar la subestación.
De hecho, fue a través de la constructora Vilsa que el grupo industrial Peñoles adquirió diez hectáreas en la parte elevada de esta comunidad, para cumplir el objetivo de construir en ese lugar una subestación de abastecimiento eléctrico desde la que se dote de energía la mina localizada en Tehuixtla, municipio de Teloloapan.
Sin embargo, los terrenos adquiridos para instalar la subestación, a pesar de localizarse geográficamente en un sitio clave, no disponen de camino de acceso y la única vía para llegar a ese punto es un camino de siete kilómetros pavimentado por los habitantes de Tlatzala, con dinero aportado por los migrantes de ese pueblo radicados en Chicago, Illinois.
Pero ese inconveniente no fue obstáculo para que Vilsa comenzara a circular sus camiones de gran tonelaje, grúas y maquinaria pesada por dicha vía, lo que motivó la inconformidad de los habitantes luego de observar los severos destrozos registrados sobre el pavimento construido con el esfuerzo de la comunidad.
Peñoles, empresa fundada en 1887, restó importancia a la oposición inicial manifestada por los tlatzalenses y ofreció disposición para restituir los daños. Envió a ingenieros de Vilsa a comprometerse con apoyar al pueblo y respetar integralmente la ecología de la zona, pero evitaron que en los encuentros con ejidatarios participaran autoridades de los tres niveles de gobierno.
Ni el ayuntamiento, ni los gobiernos estatal y federal, han sido informados de las pláticas iniciadas en el 2016.
Durante el primer año, los funcionarios de Vilsa aceptaron llevar ante los directivos de Peñoles todas les expresiones de los habitantes, pero al observar que el tiempo transcurría y el cumplimiento de lo pactado se reducía a puros acuerdos verbales, los habitantes de Tlatzala advirtieron cerrar el paso a la maquinaria de la constructora si no se iniciaba la construcción de dos pozos de agua solicitados para indemnizar a la población.
La respuesta de los ingenieros dejó perplejos a los miembros del Comité de Obras: -no hemos avanzado porque ustedes no nos han solicitado nada por escrito. Es decir, después de un año todo estaba como al principio.
Tres meses después de que los afectados documentaron sus peticiones para que se construyeran dos pozos debido a la grave sequía que encara su comunidad durante la primavera, vino otro balde de agua fría: -dicen los directivos de Peñoles que la empresa no tiene recursos para responder estas demandas.
De un plumazo, Grupo Bal que incluye a Peñoles, un conglomerado que maneja negocios en los sectores de comercio, minería, metalurgia, seguros y finanzas, principal accionista de El Palacio de Hierro y GNP Seguros, entre otros poderosos consorcios financieros del país, se declaró sin recursos para restituir los daños a una población que asimila ya los efectos de la devastación forestal provocada con la construcción de la subestación.
Ahí se radicalizó el pale de los inconformes. Hace cinco meses en un acuerdo unánime, el pueblo decidió bloquear el paso a camiones y maquinaria. Consecuentemente, la obra permanece detenida aunque ya registra un avance del setenta por ciento debido a que mientras se celebraban las negociaciones, los trabajos nunca se suspendieron.
Según reportes de la bolsa de valores, Peñoles opera de manera directa seis minas subterráneas en México. Es el principal productor de plata afinada y bismuto metálico en el mundo y se encuentra entre las principales empresas productoras de zinc y plomo afinados a nivel global. Elabora productos químicos de alto valor agregado, que fortalecen la integración vertical de la empresa, pero no tiene dinero para construir un par de pozos de agua que le demanda un pequeña población localizada en la sierra de Guerrero.
Por lo pronto, circula el referente de que la empresa ya ha sido demandada por daños graves a la salud en Torreón, Coahuila, sin embargo, los vacíos legales que existen en la Ley Ambiental mexicana, han librado a la millonaria empresa de responsabilizarse ante esta situación grave de envenenamiento de niños
Pero el viernes pasado, los representantes de Alberto Bailleres, sonrientes, eufóricos, destacaron que la minera en Tehuixtla beneficiará integralmente a la región Norte de Guerrero, ya que su funcionamiento significa una serie de beneficios para los habitantes de por lo menos seis municipios.
