Miguel Ángel Arrieta
Las micro movilizaciones ciudadanas realizadas en Acapulco durante el fin de semana para protestar contra la criminalidad, dejan bien claro que donde más ha golpeado a la sociedad este problema es en la confianza hacia las instituciones responsables de brindar seguridad, especialmente cuando se tiene la certeza, ya no percepción, de que la nómina real de la policía local es pagada por narcos y extorsionadores.
La primera lectura sobre la escasa participación de acapulqueños en las marchas contra la inseguridad, se desprende de qué la principal fuerza policial en términos estratégicos y numéricos ha asumido durante la década 2008-2018 un papel contemplativo encubierto por el discurso de alcaldes que se declaran incapaces para enfrentar al crimen organizado.
De ahí que en cuanto tuvo oportunidad de evadir políticamente su responsabilidad en el asunto, la alcaldesa Adela Román Ocampo no dudó en declarar que se convertirá en una guerrera para exigir a instituciones estatales y federales cero impunidad en la lucha contra la delincuencia.
El problema para la presidente municipal es que en la repartición de responsabilidades los porcentajes no son de un 50-50 para gobierno estatal y federal: el ayuntamiento a su cargo representa el poder constitucional que tiene bajo su cargo a la policía municipal, por lo que a ella le corresponde un 33 por ciento de esa asignación y por tanto ocupa el primer nivel que debe responder a los ciudadanos por la falta de resultados.
En el transcurso de la última década los discursos de los alcaldes generaron cierta convicción cuando señalaban que los gobiernos municipales, en este caso el de Acapulco, no cuentan con el armamento ni presupuesto suficiente para enfrentar al crimen organizado, pero estudios de inteligencia nacional exhiben que la debilidad de las policías municipales no estriba en esos conceptos, sino en la carencia de una política de seguridad estratégica local que se integre al ajedrez nacional en materia anti delincuencia.
Peor aún; las policías municipales no solo presumen desvinculación de los ejes de contención de la inseguridad: en la práctica sus agentes se dedican preferentemente a la venta de información y encubrimiento delictivo a las órdenes de cárteles regionales.
Por lo pronto, en Acapulco el gobierno municipal entrante recibió una Secretaría de Seguridad Pública bajo el control de la Marina y ejército mexicano, ante el desenlace de investigaciones desarrolladas con el fin de verificar hasta que grado estaba infiltrada la corporación local por el crimen organizado.
En un contexto nacional, esto no sorprende a nadie. No se trata ni del primero ni del único caso.
Lo que está a debate aquí no es lo que recibió Adela Román Ocampo, ni la persecución contra su antecesor Evodio Velázquez, sino la capacidad de respuesta que aplicará su gobierno al principal problema que registra un municipio de poco más de un millón de habitantes.
Con discursos de feminista aguerrida la presidente municipal no define aún si hará lo mismo que sus antecesores en la alcaldía: declararse incapaz para luchar contra la delincuencia estructurada y dejar que sus instituciones locales sean dominadas por el crimen, o decidirse a reconstruir una corporación desde cero para ofrecer un cambio real en el tema.
Después de todo no puede presumirse renovación cuando se utiliza el cascajo inservible de lo inoperante.
En ese sentido, la propuesta de Adela Román contra la inseguridad debe ser proporcional a la realidad trágica que plantea la delincuencia.
Al final de cuentas, la alcaldesa, a diferencia del pasado reciente, dispone de la circunstancia a su favor de que el próximo presidente de la República presume apreciarla personalmente, lo que establecería de entrada condiciones financieras que permitan a la corporación un saneamiento laboral para liquidar a agentes que no cubran el perfil profesional que se requiere, y modernizar sistemas tecnológicos de monitoreo en zonas de alto riesgo.
Por lo menos, los elementos de Seguridad Pública municipal deben tener nociones del lenguaje de la seguridad nacional y conceptualizar lo básico del sistema nacional de inteligencia, es decir, se trata de emprender un rediseño general en objetivos de seguridad local, no simplemente de aumentar el número de agentes o de sustituir por sustituir.
Sin capacidad de inteligencia táctica, con carencias de probidad en el servicio policiaco, y con corporaciones ancladas en una mecánica de seguridad aplicada desde hace treinta años, Adela Román se mueve en materia de protección policial entre el vacío de poder y el colapso.
En el fondo, antes de entrar en la repartición de culpas, es recomendable que primero reflexione si de verdad está dispuesta a cambiar las cosas o simplemente dejará que todo continúe igual.
Como magistrada experimentada, ella sabe que el buen juez por su casa empieza.
